Desde USTEA mostramos nuestro rechazo frontal al acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y VOX en Andalucía. Un pacto que no responde a las necesidades reales de la ciudadanía andaluza, sino a una agenda ideológica profundamente reaccionaria, privatizadora, excluyente y contraria a los valores democráticos que deben sostener los servicios públicos.

Andalucía necesita más inversión en educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, igualdad, empleo público y atención a las zonas rurales. Sin embargo, PP y VOX han optado por convertir los derechos de la ciudadanía en moneda de cambio política, entregando parcelas del Gobierno andaluz a quienes niegan la igualdad, cuestionan la diversidad, atacan el sindicalismo de clase, criminalizan a las personas migrantes y sitúan los servicios públicos bajo una lógica de recorte, privatización y confrontación.

Desde USTEA consideramos especialmente grave que este acuerdo incorpore medidas basadas en la llamada “prioridad nacional”, un concepto que abre la puerta a la discriminación en el acceso a ayudas, recursos y prestaciones públicas. Los derechos no pueden depender del origen, la procedencia o la situación administrativa de las personas. Los servicios públicos deben atender a quien los necesita, desde la igualdad, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

También rechazamos cualquier intento de utilizar la inmigración como chivo expiatorio para ocultar los verdaderos problemas de Andalucía: la falta de inversión pública, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios esenciales, el cierre de unidades públicas, las listas de espera, la falta de personal y la ausencia de una planificación seria para garantizar derechos en todos los territorios.

En el ámbito educativo, USTEA denuncia que el acuerdo supone un ataque directo a la escuela pública andaluza. La eliminación de programas vinculados a la diversidad cultural, el cuestionamiento de la convivencia intercultural y la ampliación progresiva de conciertos educativos responden a un modelo que debilita la red pública y favorece la privatización. No se defiende la libertad educativa desviando recursos públicos hacia la enseñanza privada mientras se cierran aulas públicas, se mantienen ratios elevadas, faltan profesionales de atención a la diversidad y miles de jóvenes continúan sin plaza pública suficiente en Formación Profesional.

La educación pública no puede ser utilizada como laboratorio ideológico de la ultraderecha. Las aulas deben ser espacios de convivencia, igualdad, pensamiento crítico, coeducación, memoria democrática, inclusión y respeto a la diversidad. Frente a quienes pretenden imponer miedo, censura y retrocesos, USTEA seguirá defendiendo una escuela pública, laica, feminista, inclusiva, democrática y comprometida con los derechos humanos.

Asimismo, rechazamos las medidas que atacan al sindicalismo y al diálogo social. Reducir o cuestionar los recursos destinados a la representación sindical no es una medida de ahorro: es un intento de debilitar la capacidad de defensa de las trabajadoras y trabajadores. Los sindicatos cumplimos una función democrática esencial: defender condiciones laborales dignas, denunciar abusos, proteger los servicios públicos y dar voz a quienes sostienen cada día la Administración, la educación, la sanidad y los cuidados.

USTEA también muestra su preocupación ante las medidas que pretenden sustituir la memoria democrática por una supuesta “concordia” vacía de verdad, justicia y reparación. Andalucía no puede permitirse borrar la historia de la represión, del franquismo, de la lucha por las libertades y de quienes defendieron la democracia. Sin memoria no hay democracia plena, y sin verdad no hay reparación posible.

Este pacto representa, en definitiva, un retroceso social y democrático para Andalucía. Legitima discursos de odio, debilita los servicios públicos, cuestiona la igualdad, abre la puerta a nuevas privatizaciones y sitúa derechos fundamentales bajo la lógica de la exclusión y la confrontación.

Desde USTEA exigimos al Gobierno andaluz que rectifique y que ponga en el centro las verdaderas prioridades de la ciudadanía:

• Más inversión en educación pública;
• Más personal en sanidad, dependencia, servicios sociales y administración pública;
• Reducción de ratios;
• Mejora de las condiciones laborales;
• Refuerzo de la atención a la diversidad;
• Comedores escolares de gestión pública directa;
• Defensa de la igualdad y la coeducación;
• Protección de la memoria democrática;
• Garantía de derechos para todas las personas;
• Blindaje de los servicios públicos frente a cualquier intento de privatización.

USTEA no permanecerá impasible ante ningún retroceso. Seguiremos defendiendo en la calle, en los centros de trabajo, en las mesas de negociación y en todos los espacios donde sea necesario una Andalucía más justa, más igualitaria, más democrática y con unos servicios públicos fuertes.

Los derechos no se negocian.

La educación pública no se vende.

La igualdad no se recorta.

La democracia no se entrega a la ultraderecha.

USTEA
Andalucía, 2 de julio de 2026