CSIF, Safja y Ustea piden la derogación del decreto de reordenación del sector público y defienden su independencia

13 - enero - 2011 Comunicación

Fuente: EUropa Press

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) –

   Los sindicatos CSIF, Safja y Ustea han pedido la derogación total del decreto ley de reordenación del sector público de la Junta, que y aseguran que es «inconstitucional» y han defendido la «independencia» de los sindicatos y de los funcionarios durante su comparecencia parlamentaria para analizar dicho decreto ley, donde han lamentado el «engorde de la administración paralela» y CSIF y Ustea ha demandado una nueva Ley de Función Pública andaluza.

   Los tres sindicatos han remitido a los diversos grupos parlamentarios sus respectivos documentos con sus observaciones sobre dicho decreto ley.

   La responsable de autonómica de CSIF-A, Alicia Martos, ha insistido en la petición «expresa» de derogación «total» del decreto ley del sector público y «empezar de nuevo desde cero», algo en lo que «colaboraremos plenamente».

   «Queremos que se escuche la voz de la calle, unánime, de todos los empleados públicos, queremos más puestos, más profesionalización, más garantías y menos entes instrumentales», ha agregado Martos, para la que el modelo de reordenación «pasa por la restauración de las funciones incautadas a los funcionarios durante 25 años», que, a su juicio, «debe plasmarse en una ley de función pública andaluza».

   Martos, para la que «Andalucía parece un banco de pruebas a nivel nacional», ha lamentado que en el sector público andaluz ha habido «un entramado durante muchos años y que ahora se pretende reordenar mal y con una urgencia que no entendemos».

   Considera que esta reforma «es lesiva y sobrepasa límites constitucionales y legales, se salta la Constitución a la torera y no se puede hacer porque es inconstitucional, ilegal y además perjudica derechos». Recordó que ya el sindicato aseveró que «esto iba a ser el mayor atentado contra el empleo público en la historia de este país».

   «Con este decreto de reordenación se amplía y consolida una administración paralela gestada hace 25 años, donde empleados públicos viven con impotencia cómo se les destituye y despoja de sus funciones y supone una vuelta de tuerca más y enfada aún mas a los empleados públicos», ha apuntado la dirigente sindical, quien ha lamentado que «la olla a presión de la Administración de la Junta ha estallado».

   Para Martos, «hay que poner a dieta la administración paralela que se ha venido engordando, y precisamente lo contrario es lo que se persigue con esta reordenación, donde se quiere ensanchar el personal laboral contratado por entes instrumentales» tras lo que ha enumerado los derechos lesionados «para el empleado público y para la ciudadanía».

   Martos ha destacado que esta es «la primera vez que comparecemos en un foro oficial para opinar sobre el decreto ley», toda vez que «en agosto, se presentó sin previa negociación con las organizaciones sindicales más representativas y posteriormente se ha llegado a un acuerdo sobre el mismo con UGT y CCOO, al que nosotros restamos legitimidad al cerrarse fuera de foros y órganos legalmente establecidos», de manera que la Junta «primero impone su decisión, después elige a agentes sociales con los que negociar y abre el debate parlamentario con decisiones ya tomadas.

   La responsable de CSIF espera que «nos tengan en cuenta por el Parlamento y se baje el grado de crispación con los empleados públicos y nosotros somos los más interesados».

   Martos ha abogado por «una reordenación del sector público, pero parando en seco, dando marcha atrás y plantear de otra forma el proceso de reordenación», por lo que ha pedido la derogación del decreto  ley, aunque ha reconocido la «posición inflexible del Gobierno, a lo que se suma la mayoría parlamentaria del PSOE», por lo que se teme que existan «pocas modificaciones de esta reordenación o la aceptación de enmiendas menores».

   En ese sentido, ha advertido de que su trabajo tras el debate «no habrá terminado y seguiremos luchando por los legítimos intereses, pues puede que tengáis el poder pero no la razón» y ha rechazado que existan «manipulaciones» sobre los funcionarios.

   El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (Safja), José Manuel Mateo, quien defendió su representatividad en la función pública, aseguró que «desde hace años venimos denunciando la existencia y el aumento de la administración paralela» y ha asegurado que con este decreto ley «se ha incumplido la Constitución, se ha infringido el Estatuto de Autonomía de Andalucía y se conculcan y no se acatan derechos fundamentales».

   En ese sentido, ha recordado la presentación por parte de Safja de diversos recursos judiciales, así como todo el proceso de movilizaciones emprendidas por los empleados públicos.

   A su juicio, el decreto ley «supone un coladero en la función pública andaluza para consolidar al personal de las agencias y empresas públicas andaluzas» y ha expresado su preocupación por que «nos quiere quitar de nuestro trabajo y nuestras funciones y entregárselas a personas que no han concurrido a los concursos y oposiciones en condiciones de igualdad, mérito y capacidad».

   «Este decreto ley daña y causa perjuicios a los empleados públicos y a los ciudadanos andaluces», ha agregado Mateo, quien ha lamentado que la Junta «ha actuado con premeditación» y ha reiterado su «defensa enérgica» de la derogación del decreto ley.

   Mateo ha propuesto que las agencias que se creen en este decreto de reordenación sean agencias administrativas «y que deban ser atendidas por personal funcionario».

   «Queremos más eficacia y no el derroche de la administración paralela», ha agregado este portavoz, quien lamenta que «al personal que no pertenece a la Administración de la Junta se le reconoce como empleado público, pero en virtud de qué mérito». Además se ha mostrado preocupado por «el futuro de los funcionarios y las convocatorias de empleo público».

   Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de Ustea, Rocío Luna, ha insistido en la necesidad de «derogación del decreto ley de reordenación del sector público empresarial, ya que «hay que partir de cero derogando el decreto y empezándolo con mayor participación, diálogo y negociación de todos los agentes implicados y no por imposición».

   Tras poner de ejemplos de reestructuración los casos de Extremadura o Navarra, Luna también ha demandando una nueva Ley de Función Pública andaluza, ya que «la actual no responde a las necesidades de empleados públicos» y ha considerado necesario que en la reforma del sector público «se suprima la integración de los empleados de la Administración General en las agencias y que se trate exclusivamente de una reordenación del sector público empresarial, siguiendo modelos como el de Castilla-La Mancha».

   Luna ha lamentado que esta operativa «se ha orquestado sin negociar ni consultar con los representantes sindicales, cuando se pretende una nueva organización de la administración instrumental de la Junta, algo que tiene trascendencia de primer orden y que ha sido fruto de la improvisación».

   Considera que la «duplicidad» de funciones «no se resuelve con el decreto ley ni tampoco se refleja el principio de economía, y hay una falta de información sobre las motivaciones de esta reestructuración y sobre cómo queda el empleado público, lo cual ha generado confusión entre esos empleados y ciudadanos».

   Ha lamentado que el criterio de voluntariedad «sí se contempla en el paso a agencias públicas empresariales, pero en las agencias especiales es obligatorio» y ha criticado que «si hay adelgazamiento de la relación de puestos de trabajo de la Administración General, se engordará la RPT de las agencias».

   Asimismo, ha apuntado que «el personal laboral quedará aún más lesionado» y ha criticado que «se ha ignorado a la mesa sectorial y a la mesa de convenio», así como el hecho de que en el acuerdo entre Junta, CCOO y UGT «se blinda a esos dos sindicatos en materia de negociación colectiva, excluyendo a los demás».