Este colectivo pide directamente a Susana Díaz el mismo trato que el dado a las monitoras de apoyo administrativo en 2014, con sentencias de igual fallo, donde la Junta optó por la readmisión y no por la indemnización.

Según sentencia de 7 de septiembre, del Juzgado de lo Social nº 8 de Málaga, se estiman las demandas de las 87 trabajadoras de la Delegación provincial de Educación de Málaga, y se declaran los ceses de las demandantes como despido improcedente. Esto da opción a la Junta a la readmisión o a una indemnización. En este sentido, existe un precedente homólogo con los monitores de apoyo administrativo, a los que la Administración readmitió tras sentencias similares. No existen motivos éticos ni políticos razonables para que la Junta de Andalucía discrimine ahora a este colectivo. Por ello la exigencia de que se actúe de la misma manera y se resuelva en los mismos términos. De lo contrario estaría fomentando la discriminación entre trabajadoras y se alejaría de la ecuanimidad que le corresponde como poder público con respecto a sus propias empleadas.

Este colectivo está formado muy mayoritariamente por mujeres, que accedieron en su día a contratos precarios de empleados públicos de la Junta, a tiempo parcial de 8, 12 ó 20 horas semanales. Contratos realizados en fraude de ley y posteriores despidos que afectaron a casi 800 trabajadores en toda Andalucía. A día de hoy, y después de una larga batalla judicial, la mayoría de estas trabajadoras con cargas familiares están en situación de paro. Y apelan directamente a Susana Díaz para que se implique de igual forma y tenga igual sensibilidad ante un mismo problema.

El sindicato USTEA, que ha llevado la defensa jurídica, por otra parte va a ponerlo en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz,ya que se interesó por su situación durante la campaña de movilizaciones y pidió que en el momento que hubiera sentencias favorables se les hicieran llegar para interceder ante la Administración con objeto de que se le aplicara el mismo criterio establecido a las monitoras de apoyo administrativo, es decir que la Junta procediera a su readmisión. Igualmente va a exigir directamente a la Junta y partidos políticos su implicación en la readmisión de este colectivo.