El “ajuste” de 65.000 millones de euros socava las bases mismas del Estado de bienestar. Los servicios públicos, los más afectados.

El Gobierno español, a través de su presidente, dio ayer en el Congreso de los Diputados el tiro de gracia al Estado social tal y como lo conocíamos hasta hoy. Mariano Rajoy anunciaba una serie de actuaciones de “ajuste económico”, dolorosas pero necesarias según su criterio, que van a tener unas consecuencias nefastas para la clase trabajadora.

La retahíla de medidas que va a tomar la derecha en el Gobierno, desgranada por su líder y aplaudida fervientemente por los diputados del PP, supone un retroceso sin parangón reciente para los derechos de trabajadoras y trabajadores. Personas dependientes, desempleados, jóvenes, inmigrantes o futuros emigrantes, precarios, empleadas y empleados públicos…, es decir, casi todo el espectro social menos las grandes  fortunas, la Iglesia, la Casa Real o los generadores de la crisis, pagan con creces lo que es de facto el precio del rescate, de la pérdida de soberanía y de la tutela de la economía y la política españolas. Casi todas son agresiones no anunciadas, cuando no abiertamente criticadas en el pasado inmediato por el partido hoy en el Gobierno: una notable subida del IVA, la restricción en el subsidio de desempleo, la reducción en
las pensiones futuras o la supresión de la paga extra de final de año al personal funcionario son algunos de los hitos más destacados de la agresión. Lo público y lo asistencial se encuentran heridos de muerte.

Desde el fatídico 12 de mayo de 2010, distintos gobiernos han ido minando poco a poco las condiciones de vida y de trabajo especialmente de las clases populares, tanto en el ámbito estatal como en el andaluz. Los mismos que inyectan una vez tras otra liquidez a la banca responsable
en buena medida de la crisis o implantan la “amnistía fiscal” para la delincuencia económica, son quienes demonizan lo público, lo presentan ante la opinión pública como costoso e ineficiente, y allanan el camino hacia una privatización a la vuelta de la esquina de multitud de servicios
públicos. Tampoco se libran otras actividades: ayudar a la minería es tirar el dinero por la borda; rescatar la banca corrupta parece ser que es buen negocio, al menos para algunos.

En USTEA nos alineamos con las corrientes económicas alternativas al imperante paradigma neoliberal, y defendemos que las medidas de ajuste, la austeridad o la reducción del gasto público no son el camino para salir de la crisis, como demuestra por ejemplo un paro desbocado que raya
el 25% en el Estado y supera el 30% en Andalucía. Un aumento de la presión impositiva asociada a la merma salarial, en especial de las clases medias, va a conllevar una importante disminución del consumo, algo nefasto para la recuperación económica. La situación, con este tipo de medidas, no solo no ha mejorado sino que ha empeorado notablemente, y las previsiones de los organismos de control europeos no son  precisamente halagüeñas para el Estado español, un Estado intervenido.

Asistimos, pues, al colofón del progresivo desmantelamiento del Estado del bienestar que tanto ha costado levantar. En Andalucía, tierra esquilmada y maltratada históricamente por los poseedores del capital, sabemos lo que nos estamos jugando. USTEA, como sindicato de clase, apuesta decididamente por una salida a esta coyuntura crítica por la izquierda, lo que pasa necesariamente por un aumento del gasto público. Somos beligerantes con las políticas de contención y restricción, porque entendemos que sin unos servicios públicos de calidad (educación, sanidad, servicios sociales…) nuestra sociedad corre el riesgo de caer en manos de quienes buscan el beneficio propio, y no el de la colectividad.

USTEA reivindica, además, la recuperación del concepto de “ciudadanía” para las mujeres y los hombres andaluces, así como su ejercicio, conquistando su espacio natural que son las calles y plazas de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Entendiendo el período estival en que nos
encontramos, no nos resignamos a hacer un llamamiento al conjunto de la clase trabajadora andaluza, jóvenes, desempleados, pensionistas, ciudadanía en general, a participar en las movilizaciones convocadas o por convocar en contra de este ataque a la línea de flotación de los
servicios públicos.

El viernes 13 de julio nos concentraremos en nuestros centros de trabajo, y el jueves 19 nos manifestaremos en toda Andalucía contra los recortes.

Solo la unidad de las trabajadoras y los trabajadores desde la base puede frenar el proceso de destrucción de lo público que el capitalismo neoliberal impulsa por instinto de supervivencia. En nuestra mano está impedirlo.

Andalucía, 12 de julio de 2012

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